Preso político uruguayo recibe arresto domiciliario y encuentra su hogar invadido por el policía que lo detuvo.
Lo que debió ser el fin de un calvario de dos años tras las rejas se transformó en una nueva y desgarradora pesadilla. José Breijo, un ciudadano uruguayo-venezolano de 73 años de edad, fue excarcelado recientemente del Centro Penitenciario de Tocuyito bajo una medida humanitaria de arresto domiciliario. Sin embargo, al llegar al apartamento donde residió durante más de dos décadas en Caracas, descubrió una realidad dantesca: su hogar había sido invadido, presuntamente, por uno de los mismos funcionarios policiales que lo arrestó en 2023.
Hoy, el septuagenario se encuentra en una situación de total indefensión, obligado a cumplir la orden de "casa por cárcel" durmiendo sobre un colchón en el pasillo del edificio, justo frente a la puerta de la vivienda que le fue arrebatada.
De una fotografía a la acusación de "terrorismo"
El calvario de Breijo comenzó a finales de 2023. ¿Su delito? Según su propio testimonio, tomar una fotografía a una bandera con inscripciones árabes en la vía pública. Ese acto cotidiano bastó para que las autoridades lo detuvieran y lo acusaran formalmente de terrorismo, trasladándolo a Tocuyito (estado Carabobo), donde pasó dos años tras las rejas.
"Me quitaron dos años de mi vida preso injustamente y ahora me roban mi apartamento con todas mis pertenencias adentro. Soy un anciano trabajador, no un terrorista; me lo han quitado todo", relató Breijo visiblemente afectado.
Tras lograr la medida cautelar debido a su alarmante deterioro de salud, el anciano fue trasladado al Edificio Pascuareli, ubicado en la avenida Venezuela de la parroquia El Recreo (Bello Monte). Al intentar ingresar al piso 1, se topó con un candado ajeno. Vecinos del sector confirmaron que el inmueble fue tomado a la fuerza por un efectivo del Grupo de Operaciones Estratégicas (GOES), ente adscrito al Ministerio de Interiores, Justicia y Paz, quien casualmente participó en el operativo de su captura dos años atrás.
Un limbo legal e inhumano en el pasillo del edificio
La situación del ciudadano uruguayo-venezolano roza el absurdo jurídico y la crueldad humanitaria. Al no poder ingresar a su vivienda, Breijo permanece en el pasillo. La paradoja es alarmante: no puede salir del edificio para buscar alimentos o asistencia médica, ya que de hacerlo violaría la medida dictada por el tribunal, lo que significaría su regreso inmediato a la cárcel.
Carlos Julio Rojas, periodista y coordinador del Frente Norte de Caracas, asumió la vocería del caso y catalogó el hecho como una "atrocidad sin nombre".
Puntos clave de la denuncia pública:
Violación de la propiedad privada: Breijo posee 22 años residiendo en dicho inmueble bajo un estatus de arriendo legal y solvente.
Estado de salud crítico: Durante sus dos años en Tocuyito, el septuagenario contrajo diversas patologías que hoy ponen su vida en riesgo inmediato.
Zozobra comunitaria: Los habitantes de Bello Monte expresaron su profundo temor ante la impunidad con la que actúan los cuerpos de seguridad en la zona.
El caso de José Breijo ha encendido las alarmas de las organizaciones de derechos humanos en el país. Carlos Julio Rojas hizo un llamado directo a las autoridades del Estado, instando a figuras como Larry Devoe a romper el "silencio cómplice" y exigir la intervención inmediata del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo para restituir los derechos del adulto mayor.
"Tener una placa policial no te da el derecho de quitarle su casa a nadie. Este caso es el reflejo de centenares de presos políticos a quienes, durante su reclusión, les roban sus propiedades sin pudor alguno", sentenció Rojas.
Asimismo, el activista exhortó formalmente al Gobierno de la República Oriental del Uruguay para que, a través de su cuerpo diplomático y consular en Caracas, brinde de manera urgente asistencia y protección a su connacional, quien hasta el momento ha enfrentado este proceso en el más absoluto abandono internacional.
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