Fracción Vamos Venezuela alertó que solo el 36% del sistema eléctrico nacional está operativo.

El diputado Omar Veracierto advirtió sobre un "riesgo eléctrico importante" en el país y anunció un proyecto de reforma de ley ante la Asamblea Nacional para revertir la centralización del servicio y abrir las puertas al sector privado.

 

La Fracción Parlamentaria opositora Vamos Venezuela fijó este viernes una postura contundente ante la severa crisis estructural que atraviesa el Sistema Eléctrico Nacional (SEN). En una rueda de prensa que expuso un diagnóstico sombrío de la infraestructura energética, el diputado a la Asamblea Nacional, Omar Veracierto, alertó que la nación enfrenta un panorama crítico debido a años de desinversión, falta de mantenimiento y desatención a las alertas técnicas.

Veracierto, quien es miembro activo de la Comisión de Administración y Servicios y de la Subcomisión de Servicios Públicos de la AN, enfatizó que las denuncias de la coalición no se basan en meras percepciones ciudadanas, sino en auditorías y datos técnicos rigurosos. De acuerdo con el balance presentado, actualmente solo el 36% del entramado eléctrico del país se encuentra en pleno funcionamiento. La situación es aún más dramática en el parque de generación térmica, donde las plantas termoeléctricas apenas alcanzan un 15% de su capacidad operativa instalada.

"La crisis eléctrica no es un evento aislado, sino el resultado de una gestión que ha desatendido sistemáticamente las alertas técnicas de los expertos", fustigó el parlamentario, acompañado por el resto de los diputados de su bancada. "Desde la Comisión de Administración y Servicios exigimos una auditoría transparente y un plan de contingencia real. Los venezolanos no pueden seguir viviendo a oscuras mientras se ignora la desinversión en las plantas generadoras".

Mapa de vulnerabilidad: Estados bajo máxima presión

El balance parlamentario identificó una clara "jerarquía de crisis" a lo largo del territorio nacional, catalogando las regiones según su nivel de vulnerabilidad:

• Riesgo Alto: Los estados Zulia, Bolívar, Carabobo y Anzoátegui registran los índices de vulnerabilidad estructural más alarmantes, impactando de forma directa la producción industrial, comercial y la cotidianidad de millones de familias.

• Riesgo Moderado-Crítico: Entidades como Miranda, Lara, Aragua y Falcón experimentan un impacto menor en la escala técnica, pero sufren racionamientos y cortes de suministro diario que oscilan de manera persistente entre las 4 y las 10 horas. Asimismo, se hicieron menciones especiales a la delicada realidad que enfrentan zonas del centro del país como Cojedes, y regiones insulares como Nueva Esparta.

El "cuello de botella" financiero y la gobernanza internacional

Lejos de limitar el discurso a la denuncia, Veracierto catalogó la crisis del SEN como un "problema sistémico estructural" que requiere un ejercicio de gobernanza articulado y libre de dogmas políticos. En este sentido, señaló la urgencia de destrabar los mecanismos de financiamiento internacional.

El diputado explicó que, a pesar de la existencia y liberación de ciertas licencias por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), persisten complejos "cuellos de botella" burocráticos y de comunicación entre el Tesoro de los Estados Unidos y la administración venezolana que impiden el flujo efectivo de capitales hacia el sector energético.

Para solucionar esto, propuso establecer canales institucionales transparentes destinados a la liberación y canalización de estos fondos. "Esto requiere una comunicación clara con el Tesoro norteamericano para la liberación de recursos, asegurando siempre que estos sean administrados de manera honrada, auditable y transparente, de modo que cada ciudadano pueda visibilizar con precisión el destino final de la inversión en su servicio", argumentó.

Descentralización y capital privado: La propuesta legislativa

Como ruta de salida estructural a largo plazo, la fracción Vamos Venezuela anunció que consignará formalmente ante la plenaria de la Asamblea Nacional un proyecto de reforma integral a la Ley Orgánica del Sistema y el Servicio de Energía Eléctrica.

El principal objetivo del instrumento legal será desmantelar y revertir el modelo de centralización absoluta establecido en el año 2007, el cual, a juicio de la bancada opositora, ahogó las capacidades regionales de respuesta.

"Queremos un servicio descentralizado donde los estados tengan la potestad de recibir inversión privada y aplicar tecnología de punta", puntualizó Veracierto. El proyecto de ley contempla, además, la creación de nuevas figuras jurídicas modernas que normen y flexibilicen la participación de organismos multilaterales, consorcios internacionales y la conformación de empresas mixtas. El fin último, sentenció la fracción, es regularizar, estabilizar y devolver un servicio eléctrico continuo y de alta calidad a todos los hogares e industrias de Venezuela.