"El país merece claridad": diputado Yusmaro Jiménez exige una revisión profunda del caso Alex Saab.
La reciente captura y deportación de Alex Saab a los Estados Unidos ha vuelto a encender las alarmas sobre la solidez de los controles institucionales en Venezuela. Ante este escenario, el diputado Yusmaro Jiménez alzó la voz para exigir una investigación exhaustiva y transparente que evalúe la gravedad de un caso que, según sus palabras, evidencia un alarmante manejo administrativo que se ha extendido por más de una década, abarcando tanto el gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez como el del actual mandatario Nicolás Maduro.
El parlamentario cuestionó de forma directa la narrativa oficialista que ha intentado justificar los hechos bajo el argumento de una supuesta "usurpación de identidad" detectada en fechas recientes. Para Jiménez, esta explicación resulta insuficiente y desestima la larga trayectoria de compromisos y nexos que el empresario colombiano tejió con el andamiaje estatal venezolano.
Una estructura pública sin filtros de seguridad
El fondo del debate no radica únicamente en el desenlace judicial de Saab, sino en la alarmante facilidad con la que un ciudadano extranjero logró escalar hasta la cúspide del poder político y económico del país. El legislador desglosó cronológicamente esta preocupante evolución:
"Es necesario revisar cómo un ciudadano bajo estas condiciones pudo avanzar tanto en la estructura pública: desde ser un importante contratista en el año 2011 durante el gobierno de Hugo Chávez, hasta recibir rango diplomático y ser nombrado ministro bajo la gestión de Nicolás Maduro. Esto vulnera principios fundamentales de nuestra Carta Magna", sentenció Jiménez de forma categórica.
El diputado argumentó que el caso Saab representa una contradicción directa a los pilares fundamentales que sostienen las leyes de la República. Específicamente, aludió al Artículo 141 de la Constitución, el cual reza con claridad que la Administración Pública debe fundamentarse en los principios de honestidad, transparencia, eficiencia y rendición de cuentas. Asimismo, recordó la vigencia del Artículo 139, que establece la responsabilidad civil, administrativa y penal de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y en la custodia rigurosa de los recursos de la nación.
¿Falta de supervisión o complicidad interna?
Lejos de limitar la discusión al plano jurídico, Jiménez enfatizó que existen responsabilidades políticas e institucionales ineludibles que no pueden ser engavetadas. El otorgamiento de contratos multimillonarios y de credenciales diplomáticas de alto nivel —las cuales comprometen la majestad de los cargos públicos— debió contar con el aval y la firma de altos funcionarios a lo largo de las últimas dos décadas.
A juicio del parlamentario, la colaboración o la inacción de las autoridades actuales ante el desenlace de Saab no borra las fallas sistémicas del Estado. Por el contrario, abre un debate urgente sobre la soberanía y la seguridad nacional.
"El país merece claridad. Más allá de que las autoridades actuales hayan colaborado en este desenlace, es urgente una investigación que determine cómo el Estado permitió estas fallas en sus filtros de seguridad y control. Debemos definir si esto se debió a una falta de supervisión institucional o si existieron complicidades internas que permitieron comprometer la majestad de los cargos públicos", concluyó el legislador, haciendo un llamado a restituir la ética en la gestión pública.
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